Un marco jurídico, múltiples realidades: la desigual aplicación de la legislación sobre migración en España

Como se ha puesto de manifiesto en nuestros recientes artículos sobre el trato que reciben las personas migrantes que llegan a la Islas Canarias y otros contextos fronterizos de toda España, se viola constantemente la legislación internacional, europea y nacional en materia de derechos humanos y migración. Estas violaciones no son incidentes aislados: se están convirtiendo en la norma.

Sin embargo, lo que resulta especialmente llamativo es hasta qué punto la legislación internacional y nacional se interpreta y aplica de forma desigual en España. Las personas inmigrantes que llegan a las Islas Canarias son recibidas de forma diferente a las de la península, e incluso dentro de la península, existen marcadas diferencias entre regiones como Cataluña y Andalucía.

Estas divergencias no pueden explicarse simplemente por la ley: España se rige técnicamente por las mismas normas de inmigración en todo el país. Para entender estas diferencias hay que mirar más allá de la ley y examinar cómo la geografía, la capacidad y los recursos, las prioridades políticas y la percepción pública determinan su aplicación.

Rutas migratorias hacia España 

Las rutas que siguen las personas para llegar a España influyen decisivamente en las condiciones que reciben a su llegada. La ruta atlántica hacia las Islas Canarias es actualmente la más peligrosa y la que más crece. Según datos oficiales, más de 45.000 personas llegaron en barco en 2025, predominantemente de países de África Occidental, como Senegal, Gambia y Costa de Marfil (The Guardian, 2025). 

Por la ruta del Mediterráneo Occidental llegan a Andalucía personas procedentes de Marruecos y Argelia, o a través de los enclaves españoles de Ceuta y Melilla. También hay llegadas terrestres y aéreas, aunque de menor envergadura, que suelen ser más relevantes para regiones como Cataluña. 

Estas rutas configuran las realidades inmediatas y a largo plazo de la acogida. En las islas Canarias, los recién llegados se encuentran con centros superpoblados y escasos de recursos. En Ceuta y Melilla, Las malas condiciones y el abandono de los centros de acogida han contribuido a que los niños se queden sin hogar. En Andalucía, En Cataluña, muchos inmigrantes encuentran trabajo en el amplio sector agrícola, pero a menudo acaban viviendo en asentamientos informales con condiciones de vida muy precarias. En Cataluña, gobiernos municipales como el de Barcelona han creado programas de acogida más proactivos, que garantizan un acceso más rápido a la educación, la vivienda y los servicios sociales para las personas migrantes, especialmente los menores no acompañados (Quiroga,Chagas,Arranz, Casas-Martí, 2025). Estas realidades diferentes resultan sorprendentes si se tiene en cuenta que todas las regiones se rigen por el mismo marco jurídico nacional y europeo.

Marcos jurídicos nacionales 

La principal legislación nacional que afecta a los recién llegados a España se basa principalmente en tres instrumentos jurídicos. Juntos, ilustran la brecha persistente entre los derechos formales y el acceso práctico a los mismos:

• La Ley Orgánica 4/2000 considera que los que llegan en barco entran de forma irregular pero no ilegal, y elimina la residencia irregular como motivo de expulsión (Vickstrom, 2019). 

Esta ley concede ciertos derechos sociales a los inmigrantes indocumentados mediante el registro en el Padrón, pero para los que llegan en barco a las Islas Canarias, obtener una dirección registrada resulta difícil. En consecuencia, lo que parece una garantía progresiva queda, en realidad, fuera del alcance de quienes más lo necesitan. Sólo 11 meses después de su creación, la Ley Orgánica 8/2000 reintrodujo la expulsión por residencia o trabajo irregular, reavivando el miedo y la incertidumbre de las personas migrantes que llegan en barco a España (Vickstrom, 2019).

• El Real Decreto 1155/2024, que entró en vigor en mayo de 2025, intentaba, de hecho, mejorar la situación jurídica de los inmigrantes aclarando los procedimientos para la obtención de permisos de residencia y trabajo. Aunque se enmarca como una reforma, todavía hay pocas pruebas de que haya mejorado la vida de los refugiados que llegan a España, ni de que se haya producido un cambio en la forma en que se trata a los menores no acompañados y a los adultos. Según relatos de personas que trabajan sobre el terreno en Canarias o en Ceuta, tal y como se ha informado en artículos anteriores de esta serie, los inmigrantes no acompañados se encuentran atrapados en el limbo de unos centros de acogida temporal (CATE) inadecuados en los que se producen violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales y una cultura del abandono (Novact, 2022). Por el contrario, ya se ha informado de que el decreto beneficia a los “expatriados” en España (Fine & Country, 2025). Esta disparidad refuerza una distinción profundamente arraigada entre migrantes “buenos” y “malos”, moldeada por jerarquías coloniales y raciales que privilegian ciertas formas de movilidad mientras criminalizan otras.

• El artículo 318 bis del Código Penal penaliza ayudar a ciudadanos no comunitarios a entrar, transitar o permanecer en España “irregularmente”. La ley permite una excepción “puramente humanitaria”, pero la vaga definición ha creado una ‘zona gris’ legal. Las organizaciones de apoyo, incluidas ONG, colectivos de base e incluso voluntarios individuales, han denunciado acoso e intimidación a pesar de que su labor es de naturaleza humanitaria. Esto refleja tendencias similares observadas en Italia y Grecia, donde la criminalización de la solidaridad se ha utilizado como elemento disuasorio contra las redes de apoyo a los migrantes (PICUM).

Marcos jurídicos internacionales

Más allá de la legislación nacional, España está obligada por marcos internacionales y europeos diseñados, en principio, para proteger a las personas en movimiento. Los ejemplos clave son la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, que obligan a signatarios como España a proteger a las personas que huyen de la persecución. Del mismo modo, el acervo de la UE en materia de asilo, incluidas las Directivas sobre procedimientos, condiciones de acogida y requisitos, establece unas normas mínimas de protección de las personas migrantes y refugiadas para todos los Estados miembros.

A través de 10 actos legislativos, El nuevo Pacto de la UE sobre migración y asilo pretende crear un sistema de coordinación más justo y sólido en torno a la migración, que incluya una mayor solidaridad entre los Estados miembros a través de la responsabilidad compartida de las llegadas mediante la reubicación o las contribuciones financieras. Hasta ahora, en las islas Canarias esto se ha traducido principalmente en un enfoque centrado en la reubicación, a menudo a expensas de un apoyo adecuado y humano para las personas migrantes que siguen viviendo en el limbo en las islas. 

El énfasis del pacto en la identificación rápida, las comprobaciones de vulnerabilidad y las decisiones rápidas sobre los traslados conlleva riesgos particulares en regiones fronterizas como las Islas Canarias en comparación con el continente. Lo que se presenta como eficiencia puede, en la práctica, socavar el acceso a la protección y exacerbar el daño existente. Centros superpoblados, miles de niños viviendo en condiciones precarias sin acceso a la educación ni a la sanidad: lo que estamos presenciando en las Islas Canarias es la aplicación del nuevo pacto de la UE socavada por las realidades políticas. 

En 2025, el gobierno español puso en marcha un plan de redistribución para reubicar a casi 6.000 menores de las Islas Canarias y Ceuta en otras regiones. Sin embargo, la forma en que estos menores no acompañados son “examinados” y seleccionados sigue abierta a la interpretación. En un clima de creciente sentimiento antiinmigración alimentado por políticos y medios de comunicación de derechas, la “selección” puede interpretarse como un sistema para dar prioridad a la expulsión frente a la protección de los solicitantes de asilo. La expulsión rápida y ‘eficiente’ está tan lejos de la solidaridad como de ser humana y digna.

El poder de la política, los medios de comunicación y la percepción pública

La ley no funciona en el vacío: su aplicación está profundamente condicionada por la política y la narrativa de los medios de comunicación. Con una retórica de derechas en auge, a menudo se presenta a los inmigrantes como una “invasión”, lo que alimenta las ansiedades especialmente agudas vinculadas a islas como las Canarias. 

Mientras tanto, en la península, en Andalucía, la inmigración se cruza con la explotación laboral en el sector agrícola y la narrativa de extrema derecha de los inmigrantes “criminales”. El asesinato de una trabajadora social en Badajoz a manos de tres menores en 2025 ha sido instrumentalizado por los partidos políticos de extrema derecha para pintar a todos los niños inmigrantes como peligrosos, influyendo significativamente en las actitudes hacia la inmigración en la región (ARA, 2025). Aunque el gobierno regional ha introducido planes dirigidos a la inclusión social de las comunidades inmigrantes, la reacción política ha obstaculizado su aplicación. Como se explica en un artículo anterior de la serie, los partidos de derechas de la región han instrumentalizado repetidamente la inmigración para alimentar la hostilidad y bloquear las reformas. Estos discursos ocultan los fallos estructurales y legitiman respuestas inhumanas.

En comparación, la memoria histórica del exilio durante la Guerra Civil en Cataluña ha contribuido a dar forma a políticas más solidarias, aunque éstas también se ven presionadas por el creciente sentimiento antiinmigración (IEMed, Memoria colectiva, migraciones y Cataluña). 

A principios de año, el Comisario Europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, declaró: “Tenemos que centrarnos en la migración legal. Necesitamos desesperadamente migrantes legales para nuestros mercados laborales... diferenciemos entre migración legal, que es algo que necesitamos, y migración irregular, que es algo contra lo que tenemos que luchar”. Su planteamiento refuerza el binario entre personas ‘legales’ e ‘irregulares’, una distinción que designa implícitamente a unos migrantes como merecedores y a otros como ilegítimos, alimentando aún más el sentimiento antiinmigración en toda Europa. Al centrarse en la forma de llegada y no en las circunstancias que la motivan, esta narrativa contribuye a una jerarquía de méritos en la que quienes llegan de forma irregular son tratados como menos merecedores de protección, apoyo y derechos básicos, a pesar de los marcos internacionales diseñados para garantizarlos (Jiménez, 2025).

Hacia el futuro: ¿cómo garantizar la protección y el respeto de los derechos de los inmigrantes?

Las situaciones de las Islas Canarias, Ceuta y Melilla y Andalucía ponen de manifiesto que los mismos marcos jurídicos pueden producir resultados muy diferentes. Las violaciones son generalizadas pero desiguales, y dependen de la geografía, la política y la percepción pública. Garantizar el respeto de los derechos de los inmigrantes requiere, por tanto, algo más que instrumentos jurídicos. 

La reubicación de menores no acompañados desde las regiones fronterizas de España a la península debe incluir recursos adecuados y salvaguardias apropiadas. El artículo 318 bis debe reformarse para que no se criminalice a quienes ofrecen ayuda humanitaria. Los derechos básicos, como la vivienda, la atención sanitaria, la educación y el apoyo jurídico, deben garantizarse de forma inmediata y coherente en todas las regiones desde el momento de la llegada.

También es necesario un compromiso serio con los factores históricos y estructurales, incluido el colonialismo, que siguen impulsando la migración. También es crucial un cambio en la narrativa, alejándose de la idea de la migración como una amenaza y acercándose a un marco basado en los derechos y la responsabilidad compartida. 

Las leyes y las convenciones por sí solas no bastan. Sin voluntad política y un compromiso con la práctica humana, no protegen a las personas a las que deben servir. El cambio real tiene que venir de los compromisos políticos, pero mientras tanto un enorme peso recaerá en el inestimable apoyo de las ONG a través de su trabajo sobre el terreno y en desafiar e influir en los cambios políticos. A continuación se enumeran organizaciones tanto de las Islas Canarias como de la península cuyo trabajo vital puede apoyar a través de donaciones o voluntariado:

• OCC es una organización de base con sede en Cataluña que apoya a refugiados e inmigrantes mediante programas culturales, educativos y de inclusión social.
• CREAR es un proyecto financiado por la UE cuyo objetivo es ayudar a los menores no acompañados ofreciéndoles clases de idiomas adaptadas para favorecer su inclusión social y laboral.
• Accem gestiona un gran centro de acogida humanitaria en Tenerife, que ofrece apoyo jurídico, ayuda psicológica y asistencia sanitaria. 
• Cáritas Canarias apoya a inmigrantes y refugiados, incluidas las víctimas de la trata de seres humanos, y gestiona programas de alojamiento.
• Fundación Sevilla Acoge ayuda a inmigrantes y refugiados a integrarse en la sociedad, defendiendo sus derechos y ofreciendo apoyo para su inclusión social.
• Ruedas solidarias ONG que denuncia las violaciones de los derechos humanos cometidas en la frontera hispano-marroquí.
• Cocina sin nombre, con sede en Ceuta, trabaja para recabar información sobre las condiciones que viven los niños inmigrantes en los centros de menores y apoyar a los que viven en la calle. 
• Refugiados Bienvenidos España, pone en contacto a personas desplazadas con habitantes locales que disponen de habitaciones libres, garantizando así alojamiento a los refugiados y fomentando una cultura de conexión y solidaridad. 

Bibliografía:

Agencia France-Presse en Madrid. (2025, 2 de enero). El número de migrantes llegados a Canarias por mar marca un nuevo récord en 2024. The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2025/jan/02/arrivals-by-sea-to-canary-islands-reached-new-record-in-2024

Vickstrom, E.R. (2019). Evolución de las políticas de control de la inmigración en Francia, Italia y España. En: Vías y Consecuencias de la Irregularidad Legal. IMISCOE Research Series.

Lo Coco, M. D., Calderó Delgado, C., & Samy Cucurull, I. (2024). Infancia migrante y criminalización: vulneración de derechos humanos en Canarias 2024 [Infancia migrante y criminalización: violaciones de derechos humanos en Canarias]. Novact. https://novact.org/wp-content/uploads/2025/02/Infancia-migrante-y-criminalizacion.pdf

Fine & Country. (2025). La nueva reforma de la inmigración en España: Un cambio positivo para los expatriados en 2025. Fine & Country España. Obtenido de https://www.fineandcountry.es/en/insights/blog/spains-new-immigration-reform-a-positive-shift-for-expats-in-2025-2#:~:text=Streamlined%20Procedures%20and%20Stronger%20Rights,reflects%20Spain’s%20broader%20integration%20goals.

PICUM. (2024, 15 de enero). Al menos 117 personas criminalizadas por ayudar a migrantes en Europa en 2023. PICUM. https://picum.org/blog/at-least-117-people-criminalised-for-helping-migrants-in-europe-in-2023/

IEMed. Memoria colectiva, migraciones y Cataluña [Evento]. IEMed. Obtenido de https://www.iemed.org/events/collective-memory-migrations-and-catalonia/

ARA (2025) Tres menores detenidos por la muerte de una educadora en un piso tutelado en Badajoz. extremadura.europapress.es. Disponible en: https://www.europapress.es/extremadura/noticia-detenidos-tres-menores-muerte-educadora-piso-tutelado-badajoz-20250310093511.html (fecha de consulta).

Jiménez, I. (2025) ‘Europa pide a España que “resuelva” la situación de los menores migrantes’, El Faro de Ceuta, 17 de febrero. Disponible en: https://elfarodeceuta.es/europa-pide-espana-resuelva-situacion-menores-migrante

Quiroga, V., Chagas, E., Arranz, M., & Casas-Martí, J. (2025). De un modelo de acogida a un modelo de atención a adolescentes y jóvenes inmigrantes no acompañados en España. Tratamiento residencial para niños y jóvenes, 1-27. https://doi.org/10.1080/0886571X.2025.2541399

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/05/14/the-council-adopts-the-eu-s-pact-on-migration-and-asylum