Escrito por Alejandra Mateo.
Cierra los ojos e imagina por unos minutos que no te permitieron acceder a la sanidad pública, conseguir un trabajo, crear una cuenta bancaria o incluso casarte con la persona que amas porque, ante la ley, no perteneces a ningún país. Tu nación no es reconocida como un bien inmueble por el país en el que vives, por lo que permaneces en un limbo legal sin tener los derechos más básicos. También es muy probable que sufras discriminación o incluso persecución por hablar tu lengua materna en público o por mostrar cualquier tipo de expresión cultural de tu nación. Según datos de ACNUR, hay más de 10 millones de personas apátridas en el mundo, lo que significa que, en términos de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, ningún estado las reconoce como nacionales según la legislación de su país.
Antes de analizar este concepto y sus implicaciones legales, mencionemos primero la diferencia entre nación y estado, ya que es clave para comprender la apatridia: mientras que un estado es una entidad política independiente con límites geográficos definidos, una nación comprende un gran grupo de personas unidas por una herencia, historia, cultura, nacionalidad o idioma comunes. Los cuatro componentes fundamentales de un estado son su territorio, su población, su administración y su soberanía. Los factores geográficos definen sus límites. Es independiente de todos los demás estados y cuenta con un sistema de gobierno único. Una vez que un grupo de personas asume el control de los comités formales de gobierno, como las leyes, los límites geográficos inmutables y la independencia, este grupo se considera un estado (independencia política). Por lo tanto, podemos afirmar que las personas apátridas —aquellas que no forman parte de ningún país reconocido— tienen una nación porque comparten las mismas raíces culturales, el mismo idioma y el sentido de pertenencia a una comunidad. Sin embargo, no tienen un estado propio del que sean ciudadanos nacionales. Aunque su estado no sea reconocido por el país donde residen, esto no significa que sus naciones no puedan ser reconocidas como estados por otros países (reconocimiento externo). No obstante, la UE, como comunidad política, no otorga la ciudadanía europea a quienes no estén nacionalizados en otro país europeo. De esta manera, incluso si otros estados reconocen la ciudadanía de las personas apátridas, la Unión Europea solo las considerará ciudadanas europeas si ya forman parte de un estado, no solo de una nación.
Las personas apátridas están muy expuestas a la violencia; muchas de ellas se ven obligadas a migrar a países o regiones europeas en busca de seguridad y mejores oportunidades. Para ellas, la única forma de migrar es abandonar su país de origen de forma irregular utilizando rutas complicadas (y a menudo muy peligrosas) para cruzar las fronteras y evitar los controles migratorios, ya que carecen de derecho a poseer documentos de identidad legales o incluso a la libertad de movimiento. Además, debido a esta imposibilidad de viajar legalmente, muchas caen en manos de redes de tráfico de personas, lo que aumenta su ya alta vulnerabilidad. Actualmente, los países con mayor número de apátridas son Costa de Marfil, Bangladesh, Myanmar, Tailandia, Letonia y Siria. En el pasado, se han encontrado casos similares en la antigua Yugoslavia, Timor Occidental, Irak y también en países africanos como Angola y Mozambique.
La apatridia se produce en aquellos países que no son plenamente democráticos o en dictaduras, lo que conlleva un subdesarrollo posterior de su legislación en materia de libertades y derechos civiles.
Laura Cueto, abogada y politóloga española.
Quizás ahora te preguntes: ¿qué lleva a ciertas personas a no poder disfrutar de un estatus propio?
Las principales causas se encuentran en las leyes discriminatorias que marginan a personas con su propia herencia cultural, la existencia de vacíos en las leyes de nacionalidad y los cambios de gobierno. La abogada y politóloga española Laura Cueto afirma que, en la mayoría de los casos, “la apatridia se produce en países que no son plenamente democráticos o en dictaduras, lo que conlleva un subdesarrollo posterior de su legislación en materia de libertades y derechos civiles”. En este tipo de régimen, es frecuente que las personas apátridas huyan de sus países de origen como resultado de la discriminación persistente por su religión o etnia, ya que sus comunidades suelen ser perseguidas por las autoridades.
Nadie puede vivir una vida normal sin ser considerado ciudadano; las tareas cotidianas más sencillas, como llevar a los hijos al colegio o ir de compras, se vuelven casi imposibles de realizar. Afortunadamente, la UE cuenta con diversos mecanismos que brindan protección a las personas que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad: la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 es la piedra angular del régimen de protección internacional para las personas apátridas, ya que establece normas básicas sobre sus derechos, como el empleo, la vivienda y la educación, así como el derecho a tener un documento de identidad, documentos de viaje y apoyo administrativo. Asimismo, la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961 establece diversas obligaciones para reducir y prevenir la apatridia debida a la pérdida de la nacionalidad y otras causas. Asimismo, existen otros instrumentos de derecho internacional que contienen disposiciones relativas a las personas apátridas, como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Sin embargo, a pesar de los múltiples instrumentos jurídicos que podrían utilizar las autoridades europeas para mejorar la situación de las personas apátridas, la Unión Europea no ejerce suficiente presión sobre los países que impiden que una parte de su población adquiera la nacionalidad. Como consecuencia de esta inacción permanente, las personas apátridas permanecen completamente invisibles para los países en los que viven, pero también para el mundo entero.
La situación de los palestinos
Los palestinos luchan contra la situación de no ser reconocidos como parte de un Estado dentro de Israel, mientras este país continúa apoderándose progresivamente de territorio y recursos palestinos con el apoyo de Estados Unidos. Sin embargo, tanto la UNESCO como la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como algunos estados (incluidos los europeos), consideran a Palestina como un Estado. La falta de soberanía del Estado palestino dentro de Israel, elemento esencial para el derecho a la autodeterminación, convierte a los habitantes de la Franja de Gaza y Cisjordania en apátridas según el derecho internacional. En este sentido, podríamos decir que el reconocimiento de Palestina es externo, pero no interno: según la legislación israelí, los palestinos viven ilegalmente en su Estado, por lo que corren el riesgo de ser arrestados y encarcelados por esta situación, no se les permite trabajar debido a su situación irregular, no pueden acceder a los servicios sociales, no pueden conducir ni poseer documentos de identidad. Además, la legislación israelí no permite a los palestinos entrar al país (este permiso solo se otorga a los ciudadanos israelíes), por lo que si salen del país, no podrán regresar jamás. Actualmente, casi dos tercios de los palestinos se encuentran en una situación de exilio prolongado y sus derechos fundamentales no se respetan.
La solución real a la apatridia de los palestinos está lejos de encontrarse, ya que el conflicto se ha prolongado durante décadas y los esfuerzos de la comunidad internacional para proteger a los palestinos de los ataques israelíes resultan muy deficientes. Algunos argumentan que un Estado palestino independiente y plenamente soberano, con las fronteras de 1967, sería la solución lógica para este conflicto, ya que permitiría a los palestinos ejercer su derecho a la autodeterminación y cultivar un sentido de identidad nacional. Sin embargo, otros creen que Israel debe renunciar a su ocupación de la Franja de Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, con el fin de devolver los territorios que les arrebató hace mucho tiempo. Si esto ocurriera, los palestinos podrían crear su propio Estado y establecer allí su residencia: este objetivo evitaría que los palestinos fueran apátridas y carecieran de sus derechos civiles.
La situación de los saharauis
En el Sáhara Occidental, cuya población es considerada apátrida por la Comunidad Europea, la división geográfica del pueblo saharaui, a diferencia de lo que ocurre en Palestina, es un factor determinante en esta cuestión, ya que parece tener un impacto muy negativo en su capacidad de resistencia a la hora de luchar por su propio Estado. Esta separación suele reducir su capacidad de respuesta a la ocupación marroquí en su territorio: algunos saharauis viven en los territorios ocupados, otros en la diáspora y muchos otros en campos de refugiados en Argelia. Alrededor de 180.000 personas residen actualmente en estos campos y el Frente Polisario ha establecido el autoproclamado gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), reconocido por más de 80 países.
Los factores que provocan la apatridia de la población saharaui tienen su origen en la descolonización del territorio por parte de España en 1976, fecha clave en este conflicto. Ese año, España perdió esta colonia tras la Marcha Verde liderada por Marruecos contra la zona y, tras el Acuerdo Tripartito de Madrid firmado para dividir la provincia española del Sáhara entre España, Marruecos y Mauritania. Durante esa Marcha, que tuvo lugar tras la invasión y ocupación del territorio, 3.000 civiles marroquíes llegaron a la provincia del Sáhara con la aprobación de Marruecos. Aunque España prometió celebrar un referéndum de independencia en el territorio saharaui, que también constituye la solución histórica propuesta por la comunidad internacional, y en especial por las Naciones Unidas, esta consulta nunca se llevó a cabo y el territorio fue cedido a Marruecos y Mauritania mediante los Acuerdos de Madrid. Actualmente, como consecuencia de esta situación, las personas apátridas en el Sáhara ni siquiera pueden ir a la escuela, conseguir trabajo y acceder a la sanidad pública, así como a muchos otros derechos humanos, como hablar su propio idioma en Marruecos.
Emma Lancha es socióloga y activista residente en Córdoba, España, y ha trabajado como voluntaria en el desierto del Sáhara con comunidades locales para brindar ayuda humanitaria. Argumenta que “España no solo tiene una deuda histórica con el Sáhara, sino también una deuda legal, ya que continúa administrando el territorio ante la ONU mientras nadie reconoce la ocupación de Marruecos”. El gobierno español, que en el momento en que el Sáhara estaba bajo control español era una dictadura militar, no defendió al pueblo del Sáhara Occidental tras la descolonización. Añadió que “no se hizo ningún esfuerzo para proteger los derechos de la población saharaui ni para preservar su libertad como nación”.
Hoy en día, la Comunidad Europea no se esfuerza realmente por mejorar su situación legal porque, como afirmó Lancha, “existen enormes intereses económicos y comerciales en la explotación de los recursos del Sáhara Occidental, lo que significa que España siempre apoyará a Marruecos”. Esta buena relación con Marruecos se evidencia en los acuerdos pesqueros, ya que Marruecos es el principal exportador de pescado a España, con más de 100.000 toneladas anuales. Además, el Sáhara Occidental posee enormes depósitos de fósforo y el prolongado conflicto también ha provocado importantes compras y ventas de armas. El sociólogo también destaca el papel de Francia como su principal aliado: “Francia está en el Consejo de Seguridad de la ONU y, como aliado de Marruecos, bloquea todo lo que se intenta hacer en el Sáhara Occidental, mientras que Argelia apoya al Sáhara Occidental”. De esta manera, no solo España, sino también Francia, cooperan con Marruecos para que Francia pueda operar en el territorio del Sáhara y apoderarse de recursos muy codiciados en ese momento, como el petróleo y los minerales, etc.
